El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, dedicó la aprobación de la ley a dignidad de las mujeres que a lo largo de la historia han luchado contra la discriminación sexual y, en especial, a la memoria de Clara Campoamor, diputada en las Cortes de la Segunda República, que defendió el derecho a voto de las mujeres en 1931.
El pasado 15 de marzo se aprobó en el Congreso la nueva Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, una norma llamada a transformar radicalmente y para siempre la sociedad española. La ley, que traspone directivas europeas sobre la igualdad en el ámbito laboral y la lucha contra la discriminación y el acoso sexual, es una de las más comprometidas con la igualdad que se conocen en el mundo. Las medidas adoptadas por esta ley pretenden corregir las desigualdades sociales entre sexos que aún persisten en nuestra sociedad. En el terreno laboral (uno de los aspectos en los que más incide la norma), los hombres ganan de media un 30-40% más que las mujeres que además son titulares de 8 de cada 10 contratos temporales y sufren mayor paro. Por no hablar del desequilibrio que existe en las tareas domésticas y del prejuicio de que la mujer es la única responsable del cuidado de niños y mayores.
La ley, que reforma más de 19 normas en el ámbito del acceso al empleo público o a las prestaciones de la Seguridad Social, incrementa el período del permiso de paternidad y lo amplía a los casos de parto prematuro, lo que supone una nueva definición de las obligaciones y derechos paternales, ya que ayudará a que la paternidad no implique solo la manutención y los apellidos, sino también el cuidado de los hijos.
También abre la puerta a que en los convenios puedan acordarse preferencias para favorecer la contratación o el ascenso profesional de las mujeres. Una de las principales novedades es que a las empresas no les basta con no discriminar, sino que tienen la obligación de promover planes de igualdad, que en principio serán voluntarios pero pueden llegar a ser preceptivos cuando la ley lleve cuatro años en vigor. Se estimulará a las empresas que alcancen al menos el 40% de presencia femenina en sus consejos de administración (en un plazo de cuatro años) con ventajas para contratar con las administraciones públicas.
La desproporción existente en los órganos directivos, incluyendo el ámbito político, es otra de las que pretende corregir la nueva Ley Orgánica. El PSOE hace tiempo que aplica la paridad en sus listas electorales, pero aún así, mientras que el 50,57% de los españoles censados son mujeres, solo hay un 27,35% de concejales que también lo son.
La nueva ley obliga a los partidos a elaborar listas de candidatos en las que ninguno de los sexos supere el 40%, introduciendo un sistema corrector, por el cual es obligatorio que cada tramo de cinco candidatos se componga de tres hombres y dos mujeres, o viceversa, para evitar que las candidatas femeninas sean relegadas a los puestos de cola, impidiendo así que accedan a cargos institucionales.
Todos los grupos parlamentarios ratificaron la Ley Orgánica, salvo el Grupo Popular que se abstuvo por oposición a la paridad electoral y a las medidas de obligado cumplimiento en las empresas. El PP considera que la paridad electoral vulnera los preceptos constitucionales sobre la libertad de los partidos políticos al confeccionar sus listas electorales, argumentando que cuando una mujer tiene capacidad, no precisa de apoyo legal alguno. En las listas deben ir los más preparados, al margen del sexo, y con el sistema impuesto por la ley se corre el riesgo de que no se seleccione a los candidatos según su capacidad. Además, cree que el Gobierno está siendo excesivamente intervencionista, en este y en otros campos.
