Ley de Protección Integral (1)

 

 

El día 28 de Junio de 2005 entró en vigor en España la Ley 1/04, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley innovadora y polémica.

La innovación de esta Ley, pionera entre las de su clase, radica precisamente en proporcionar a las mujeres víctimas de este tipo de violencia una respuesta global, que abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, así como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones y la respuesta punitiva (penal), que merecen todas las manifestaciones de violencia, que la Ley contempla. Supuso una amplia reforma de nuestro ordenamiento jurídico para adaptar las normas, que estaban vigentes hasta entonces y armonizarlas entre sí, de forma que afectó a la legislación penal, educativa, publicitaria, laboral, de Seguridad Social y de Función Pública; al reconocimiento de pensiones y a la dotación del Fondo previsto en la Ley para favorecer la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y también a varias leyes procesales, entre otras.

Toda novedad generalmente trae consigo opiniones en pro y en contra de la misma. Y así, dos son los principales aspectos debatidos. Ahora me referiré al primero:

El trato diferente de la Violencia de género y doméstica respecto a las demás manifestaciones de violencia: Los defensores alegan que este tipo de violencia tiene unas características propias, que no se dan en la violencia fuera del ámbito familiar. Precisamente este ámbito la hace especial en atención a las victimas y agresores, ligados por el parentesco o relación similar y, dentro de ella, la primera reviste aun mayor gravedad, por ser la mujer la víctima por el mero hecho de ser mujer, siendo considerada por su agresor carente de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

En este sentido, «la Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral».

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