Tras un año, dos meses y siete días de duras negociaciones llega al Congreso el Proyecto de Ley de Memoria Histórica, que nace con el objetivo declarado de cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura.
Pese a ser un de los primeros proyectos puestos en marcha por el gobierno del PSOE tras ganar las últimas elecciones, la puesta en marcha de la ley ha tenido que atravesar un duro y largo proceso iniciado el 10 de septiembre de 2004 con la creación de una comisión interministerial que estudió la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Año y medio después, el 28 de junio de 2006, el gobierno presentó un proyecto de ley, pero hasta octubre de este año no ha conseguido el acuerdo necesario para su aprobación en el Congreso. Para ello, ha sido necesaria la modificación de una decena de cuestiones clave (sobre los 25 artículos que tiene el texto). Sin embargo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que parece dispuesto a cumplir sus promesas electorales, se muestra satisfecho de haber alcanzado un acuerdo con los restantes partidos del arco parlamentario, con la excepción del PP y de ERC, que critican el proyecto de ley, aunque por diferentes motivos:
ERC, en la línea de la Asociación para la recuperación de la memoria histórica o de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, considera insuficientes las medidas adoptadas, ya que ofrece el mismo tratamiento a las personas que defendieron el régimen democrático que a aquellas que lo violentaron, sólo concede indemnizaciones a las familias de las personas que fueron asesinadas a partir del 1 de enero de 1968, no regula como delito la apología del franquismo (pese a hacer una expresa condena del mismo) y dispone que las distintas administraciones «facilitarán la exhumación e identificación de los desaparecidos», pero no asume el derecho de las familias a que sea el Estado el que asuma la búsqueda de sus seres queridos.
Las razones del PP, por su parte, así como las de la Conferencia Episcopal, son menos concretas. Se basan, principalmente, en que la ley es innecesaria y solo servirá para abrir «viejas heridas» que el tiempo ha ido curando. Jaime Mayor Oreja, por ejemplo, en declaraciones a María Teresa Campos, aseguró que la ley es una catástrofe porque con el reconocimiento de derechos a las personas que fueron represaliadas durante la Guerra Civil o la dictadura se está rompiendo un cierto equilibrio, y que la España que está construyendo el gobierno socialista «es una España desagradable para el centro derecha español».
En el Proyecto de Ley se reconoce el derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano; se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidos por motivos inequívocamente políticos e ideológicos durante la Guerra Civil y la Dictadura, complementada con un procedimiento específico para obtener la rehabilitación y reparación; también se prevén medidas para facilitar las tareas de localización y desaparición de los desaparecidos y se hace un reconocimiento a la labor de las Brigadas Internacionales y organizaciones en defensa de la dignidad de las víctimas.
Además, se refuerza el papel del Archivo General de la Guerra Civil Española, que deberá fomentar la investigación histórica sobre la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la transición y contribuir a la difusión de sus resultados. Esperemos que esta última disposición ayude a paliar el desconocimiento que existe en la sociedad española de ese período histórico.
